Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula un recurso, de caracter administrativo, pero que resuelven órganos especializados e independientes, en plazos cortos y sin costes para el licitador.

Es evidente que los Tribunales Administrativos para la resolución de los recursos especiales en materia de contratación han contribuido de forma decisiva a facilitar a las empresas que licitan su acceso al recurso, sin tener que acudir a la vía judicial pero accediendo a un órgano especializado e independiente.

Sin duda las empresas han perdido el miedo a recurrir o a las posibles represalías por los órganos de contratación, como así lo demuestran las memorias que los Tribuanles administrativos de contratación pública elaboran anualmente.

En Galicia, el denominado TACGAL, ha resulto recursos contractuales por importe de 1.800 millones (2024), y uno de cada tres recursos obtienen la estimación.

Las causas más comunes de los recursos son las exclusiones de la licitación de una empresa, la impugnación de pliegos de clausulas administrativas o de prescripciones técnicas, la propia valoración de los criterios de adjudicación o las justificación de las bajas anormales o desproporcionadas.
A pesar de todo, se sigue solicitando por parte de los profesionales de la contratación que se abra este recurso a otros contratos de menor importe, ya que actualmente solo pueden acceder determinados contratos. Y es que este tipo de recursos tiene grandes ventajas, como las siguientes: 

• Estos Tribunales son órganos altamente especializados,
• Resuelven en tiempos récord
• En muchos casos los procesos de licitación quedan en suspenso durante la tramitación del recurso, lo que impide la consumación de situaciones de hecho dificiles de deshacer a posteriori.
• Además no se imponen costas, aunque si es posible la imposición de multas en casos de temeridad o mala fe en la interposición del recurs